Más rápido, más barato y menos fraude. Esos son los principales objetivos que persigue la Seguridad Social con un nuevo plan de modernización que eliminará el papel en sus relaciones con las empresas que pertenecen al Régimen General, propio de los asalariados.

Desde el próximo 1 de enero, todos los trámites de cotización, afiliación, partes médicos... deberán realizarse por vía electrónica, según la nueva normativa publicada el pasado 30 de octubre. Hasta ahora era ya obligatorio para las empresas de más de diez trabajadores y profesionales, y la generalización de la medida supone la entrada en la recta final para la implantación de la Administración electrónica en España, que avanza a buen ritmo en todos los organismos e instituciones.

Las novedades no se quedan ahí. Previsiblemente para la misma fecha, la Tesorería suprimirá también las notificaciones por carta a las empresas, que sustituirá por las de carácter electrónico. Esta novedad conlleva la desaparición de los requerimientos a través de los boletines oficiales provinciales y edictos municipales, un requisito obligatorio para aplicar los procedimientos ejecutivos.

La medida no afecta aún a las empresas de menos de diez trabajadores que pertenecen a regímenes especiales, los autónomos y los empleados de hogar.

Internet

La Tesorería utiliza para el intercambio de información con empresas y profesionales el sistema RED, que emplea internet como medio de transmisión. Dado que para realizar los pagos se emplea la domiciliación bancaria y el pago electrónico, ya no hay margen para la utilización del papel en el Régimen General. Sólo casos excepcionales previamente autorizados podrán mantener la vieja fórmula. El sistema RED nació en el año 1995 y progresivamente ha ido incorporando nuevas funciones, hasta alcanzar este ejercicio más del 99% de las operaciones.

Ni las empresas ni los trabajadores a los que afecta la nueva normativa -algo más de 37.000 en toda España- son una cifra significativa, pero la medida tiene su trascendencia en la obligatoriedad de la misma y las consecuencias que tiene para los que no utilicen las nuevas vías. A partir de enero los bancos ya no permitirán el pago 'manual' ni admitirán los famosos documentos TC1 y TC2.

Las ventajas de este paso son claras, señala: se elimina el papel físico, se abarata el procedimiento y se acorta el periodo de recaudación.

Notificaciones

La otra novedad es más trascendente por el número de implicados. Previsiblemente a partir de enero -falta aún por publicar el reglamento que permitirá aplicar la medida-, empresas y profesionales tendrán que entrar en la 'sede electrónica' que tienen en la página web de la Seguridad Social para recibir las notificaciones del organismo público. Estas son muy importantes porque en general se producen cuando no se han cumplido obligaciones legales, como el pago de cotizaciones, que conllevan recargos cuando se realizan con retraso. El procedimiento sustituye a las cartas certificadas con acuse de recibo utilizadas hasta ahora.

Si en diez días, señala Mariano González, la persona destinataria de la comunicación no ha revisado ese apartado electrónico o rechaza la comunicación pinchando la casilla correspondiente, el requerimiento, en vez de publicarse en el boletín provincial y el edicto municipal como hasta ahora, se inserta en un 'tablón virtual', de libre acceso para el público.

Esta novedad no afectará a los colectivos que no están aún incluidos en el sistema RED, como los empleados de hogar y los autónomos. Lo que se desconoce por el momento es si el destinatario recibirá algún tipo de aviso electrónico para indicarle que tiene una comunicación de la Tesorería, que le evite tener que entrar todos los días en su sede electrónica.

Las ventajas de la nueva fórmula son aún más relevantes que en el caso anterior. Se ahorra el coste de las notificaciones por correo y el papel físico, así como el pago de la inserción en los boletines en caso de que hubiera que realizarlo. Además, es importante el ahorro de tiempo; el procedimiento global se reduce a un mes, aproximadamente la mitad del periodo requerido que hasta ahora, lo que contribuirá a dificultar y rebajar el fraude. Hay que tener en cuenta que entre el 40% y el 50% de las notificaciones oficiales son devueltas en la actualidad.